VidaCaixa Previsión Social

Algunos de los asistentes al acto del pasado mes de mayo, organizado por Expansión y patrocinado por VidaCaixa Previsión Social, “El futuro de las pensiones”, han querido aportar su visión acerca de estas nuevas medidas. ¿Cómo llegarán a afectar las medidas de la reforma del Gobierno a la previsión social empresarial y, en concreto a los planes de pensiones de empleo? ¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

 

 

 

Sr. Carlos Bravo Fernández

Secretario Confederal de Seguridad Social y Previsión Social Complementaria de CCOO.

¿Cree que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto a los planes de pensiones de empleo?

Resulta difícil saber cuál es el objetivo del Gobierno en relación con las pensiones complementarias en el marco de propuestas que en el marco del pacto de Toledo está patrocinando. Las que hemos conocido pretenden facilitar la liquidez de los planes como vía para favorecer un retraso de la edad de jubilación, separando las prestaciones de los planes de pensiones de las prestaciones de Seguridad Social que vienen a complementar, es decir, apartándose del modelo originario de fomento de prestaciones complementarias.

Por otra parte, nuestra mayor preocupación en este momento es la deriva que el Ejecutivo está adoptando y que se aparta de la senda del Acuerdo negociado para realizar las reformas que precisa el sistema de Pensiones.

Es imprescindible que el Gobierno recupere el compromiso con el consenso político y social, como método derivado del Pacto de Toledo para realizar cualquier reforma en materia de pensiones. La lógica correspondencia con esa exigencia es reiterar nuestro compromiso activo con ese mecanismo de concertación. En ese marco hemos propuesto distintas medidas que creemos debe abordar una futura reforma.

En concreto, en materia de previsión social complementaria consideramos necesario avanzar en la separación entre los sistemas de empleo y los individuales. Los primeros son los únicos con capacidad de generalización de estos sistemas en el conjunto de la población, garantizando en mayor medida la función social de estos sistemas, frente al mero incentivo dirigido a las personas con mayor renta marginal. Esta función social es un criterio a tener en cuenta para orientar los incentivos hacia los sistemas de empleo, especialmente en torno a las pymes y las personas que trabajan en ellas. Esto es importante para justificar el esfuerzo fiscal que hace el conjunto de la sociedad en materia de incentivos.

Por otra parte, se debe dar mayor estabilidad a los sistemas de empleo, atendiendo a las restricciones a la movilidad que los caracterizan. Deben contar con criterios de valoración para activos de renta fija más estables que reduzcan el impacto de la volatilidad de los mercados financieros y permitan invertir a plazos más largos, con la consiguiente mayor rentabilidad. Estos criterios de valoración son aceptados por las autoridades de Estados Unidos y la Unión Europea para el sector financiero, se prevé su inclusión expresa en las nuevas Normas Internacionales de Contabilidad y son de uso común por parte del sector asegurador.
Estos criterios de valoración necesitan, para aplicarse a los fondos de pensiones de empleo, un último desarrollo en forma de Orden Ministerial puesto que ya está previsto en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones. En la situación actual de ataques a la deuda soberana, resulta incomprensible la resistencia del Ministerio de Economía y Hacienda, a desarrollar alternativas, previstas en nuestro ordenamiento jurídico, a la actual normativa que incentiva esos movimientos especulativos. Debe favorecerse la compra de deuda pública y su mantenimiento hasta su vencimiento, al menos por los inversores institucionales con movilidad restringida, desincentivando realizar plusvalías coyunturales que aumentan la tensión sobre nuestros propios costes de financiación de la deuda.

Por otra parte, las prestaciones en forma de renta han de ser incentivadas para cumplir con el objetivo de estos sistemas. Por tanto, la estabilidad, las prestaciones en forma de renta y el impulso concentrado en los sistemas de empleo, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, son los objetivos que deben buscarse en este apartado.

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones que considera que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

A mi juicio hay algunas ideas básicas para abordar la reforma del sistema de pensiones.

La primera es que es importante que sepamos trasmitir a la ciudadanía la realidad de nuestro sistema de pensiones con claridad y transparencia ya que ello  refuerza la legitimación social del Sistema.

No es cierto que la situación de crisis económica y el déficit público nos obliguen  irremediablemente a hacer recortes en las pensiones. En nuestro caso, se trata de debates diferentes, y la buena salud financiera de nuestro sistema público (con un Fondo de Reserva de casi el 6% del PIB y una expectativa de superávit que se mantiene gracias a los instrumentos anticíclicos con los que cuenta) nos garantiza tiempo suficiente para, sin prisa pero sin pausa, afrontar una reforma que atienda los verdaderos retos de nuestras pensiones, centrados fundamentalmente en la evolución demográfica que extenderá sus efectos en las próximas décadas.

La segunda es que el procedimiento para las reformas es el Pacto de Toledo. Gracias a este método de diálogo y acuerdo amplio en el que participan todos los partidos políticos y los agentes sociales (empresarios y sindicatos), las reformas que el sistema de pensiones ha venido precisando se han acometido con una altísima legitimación social, además de haber sido garantía de equilibrio.  Por ello, una vez que la Comisión del Congreso de los Diputados haya realizado sus conclusiones, la Mesa de Diálogo Social se debe comprometer a alcanzar un acuerdo sobre las reformas necesarias en el menor plazo de tiempo posible.

Y la tercera idea tiene que ver con el contenido propiamente dicho de la reforma que necesita nuestro sistema. A juicio de CCOO estas reformas deberían actuar de forma equilibrada sobre la estructura de ingresos y gastos, reforzando los primeros con medidas a corto plazo, que son posibles, y a medio plazo, que son las más determinantes y tienen que ver con la cantidad y calidad del empleo en España. En cuanto a los gastos, debemos actuar sobre su crecimiento, vigilando que mantenga una relación adecuada con los ingresos del Sistema y sobre medidas de mejora de prestaciones, tanto para los colectivos que más lo necesitan, como para aquellos otros que realizan grandes esfuerzos de cotización sin la correspondencia adecuada. Existen distintas medidas de actuación para cumplir con estos requisitos, reforzando la relación entre la pensión percibida y el esfuerzo de cotización, por un lado, y los mecanismos de solidaridad, por otro.

En relación con la edad de jubilación, por hablar de la que ha sido medida estrella de las presentadas por el Gobierno, cabría profundizar en la “jubilación flexible” y voluntaria como alternativa al retraso en la edad legal de jubilación a los 67 años. Esta jubilación flexible existe ya en nuestro país, fue acordada en 2001 en el Diálogo Social y está dando buenos resultados, contribuyendo a que nuestra edad media efectiva de jubilación, concepto verdaderamente importante frente al de la edad legal de jubilación, alcance los 63,6 años, media que nos sitúa a la cabeza de la UE.

Se debe asegurar la autonomía y sostenibilidad del sistema a través de su financiación básica y preferente con cotizaciones sociales, y en el que la actuación del Estado sea garante, en caso de necesidad puntual, de las prestaciones garantizadas en el mismo.

Y, por ultimo, en este breve repaso, es preciso promover comportamientos de cotización equilibrados e impedir los mecanismos de planificación personal, por ejemplo, ligando la cotización a los ingresos reales y limitando la posibilidad de elección de bases de cotización. 

 

Sr. Jesús González

Responsable de la Unión de Previsión Social. UGT

¿Cree que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto a los planes de pensiones de empleo?

No. Las medidas propuestas por el Gobierno tanto en los recientes Decretos ( Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo; Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público ) como en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, no inciden en la regulación actual de Previsión Social Empresarial y de los planes de empleo, con los cuál no puede tener efecto. Únicamente quedaría la posibilidad de que dentro de la Reforma pendiente del Pacto de Toledo se tratasen específicamente estos temas pero aún no conocemos ninguna propuesta.

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que considera que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

En materia de pensiones sucede lo mismo. El Gobierno solo a regulado un recorte en sus cuantías, sin modificar para nada el funcionamiento del sistema público. La previsión de modificación de edad de jubilación y del calculo de la base reguladora de acuerdo con los años cotizados también sea plasmado en nada concreto y recae igualmente en la reforma del Pacto de Toledo. Desde luego si estas reformas se circunscriben a lo publicado podemos concluir de que son innecesarias porque no servirán aisladamente para garantizar la viabilidad futura.

 

Sr. José Antonio Herce

Socio Director de Economía Aplicada y Territorial. AFI

¿Cree que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto, a los planes de pensiones de empleo?

La reforma del mercado de trabajo contiene una medida relativa a la creación de un fondo de capitalización para el despido que puede considerarse dentro del ámbito de la previsión social empresarial. Bien es verdad que este fondo está destinado a compensar en parte los costes de despido en una cuantía de días por año aún por determinar, pero está afectado individualmente a cada trabajador, que puede cambiar de empresa llevándose el importe acumulado. También puede hacerse efectivo el importe acumulado si el trabajador se embarca en actividades de formación o con motivo de la movilidad geográfica. Por fin, puede embolsarse el importe existente en la cuenta individual en el momento de la jubilación. Es todo muy vago en estos momentos, pues cada contingencia es esencialmente diferente de las restantes y las condiciones de acumulación y disposición deberían ser también diferentes. Pero su mera existencia implica un elemento nuevo en materia de previsión social empresarial que podría afectar a los planes de empleo existentes en las empresas o inducir a aquellas que no los tienen (la mayoría) a introducirlos.

 

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que considera que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

Está sobre la mesa el retraso de la edad de jubilación de 65 a 67 años. Las medidas de consolidación fiscal incluyen la congelación de las pensiones en 2011. En los debates sobre la reforma de las pensiones casi nunca se hablaba de tocar las pensiones ya causadas o, incluso, las expectativas de los trabajadores más próximos a la jubilación. Pero el panorama ha cambiado radicalmente y los pensionistas presentes ya están viéndose afectados por la necesidad de reducir el déficit. Pero a medio y largo plazo, el problema de las pensiones es estructural y se trata de evitar la acumulación de deuda en el sistema, que hoy tiene un fondo de reserva del 6% del PIB. Para ello hay que pensar en las generaciones más jóvenes de trabajadores que deberán jubilarse más tarde y tener unas pensiones que, sin dejar de crecer en el tiempo, sean más reducidas en proporción a los salarios. Para compensar esta pérdida de valor relativo de las pensiones públicas, los trabajadores deberán realizar un mayor esfuerzo de ahorro o aportaciones a planes privados de empleo o individuales.

 

Sr. Mariano Rabadán

Presidente INVERCO

¿Cree que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto a los Planes de Pensiones de Empleo?

El punto 14 del Pacto de Toledo se refiere a los sistemas complementarios de pensiones, desarrollando el artículo 41 de la Constitución española que, tras recoger la obligación de los poderes públicos de mantener un régimen público de Seguridad Social para los ciudadanos con garantía de asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, señala que “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Por ello, se proponía abordar la ordenación de la previsión social complementaria, potenciándola como elemento de consolidación del modelo de protección social configurado en la Constitución. Asimismo, se recomendaba la actualización y mejora de los incentivos fiscales de dicho sistema complementario, con especial atención a los sistemas colectivos. También ponía de relieve el Pacto de Toledo que estos mecanismos constituyen una importante fuente de ahorro a largo plazo, tanto individual como colectivo. Parece, por tanto, lógico que la reforma del Pacto de Toledo incida en la potenciación de los sistemas complementarios y, muy especialmente, en el sistema de empleo, que es el que está en este momento menos desarrollado.

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que considera que debe afrontar el Gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

Las medidas de reforma de la Seguridad Social deben ser moderadas y graduales y seguir el esquema de todos los países que han aprobado recientemente estas reformas. También deben excluir, en todo caso, a los actuales pensionistas y a las personas que están próximas a la edad de jubilación. Entre las medidas que se han adoptado en otros países y que también podrían adoptarse en el nuestro, figuran las siguientes:

1) Ampliar la edad de jubilación. La edad de jubilación a los 65 años se estableció ya hace siglo y medio, cuando en Alemania se implantó el sistema de la Seguridad Social. En aquel momento, la supervivencia después de la edad de jubilación estaba entre 3 y 5 años. En el momento actual, está entre los 15 y 20 años. La mitad de los nacidos en este siglo en los países desarrollados podrán llegar a vivir un siglo. Parece evidente que ello obliga a prorrogar la edad de jubilación, aunque debe hacerse de forma gradual y atendiendo a las características del trabajo de los futuros pensionistas. Alternativamente cabría la posibilidad de no fijar una edad de jubilación, permitiendo que accedan a la misma, con la pensión completa, todos los trabajadores que hayan cotizado durante 40 años al sistema.

2) Ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión. Como mínimo hasta los 35 años y posteriormente a toda la vida laboral. Ello facilitaría la proporcionalidad del sistema y se ajustaría al nuevo sistema de relaciones laborales, en el que se ha pasado de una situación de empleo que cubría toda la vida del trabajador, a una movilidad con períodos intermitentes de inactividad laboral. Por tanto, sería más justo desde la óptica del sistema y de los propios pensionistas.

3) Ajuste del período mínimo para el acceso a las prestaciones. Para facilitar el objetivo antes señalado de aumentar la contributividad y la equidad del sistema, debería establecerse una proporcionalidad entre las prestaciones y las aportaciones y ello debería suponer que no fuera necesario cotizar durante 15 años para acceder a la pensión y que ésta no represente, en caso de sobrepasar este límite, el 60% de la prestación básica, mientras que se exige un período de cotización mínimo de 15 años para llegar a la pensión completa.

4) Regulación de las prestaciones de orfandad y viudedad, ajustándolas a las condiciones laborales actuales de la población femenina.

5) Culminación de separación de fuentes de financiación, quedando a cargo de la Seguridad Social exclusivamente la prestación de pensiones contributivas. El margen de maniobra en la reforma de las pensiones es todavía muy alto ya que, según todas las previsiones, el déficit (después de utilizar el Fondo de Reserva) se empezará a producir dentro de 15 – 20 años, pero habría que adoptarla inmediatamente para poder graduar su impacto en los próximos años sobre la población afectada.

Sr. José Antonio Sánchez Herrero

Director General - ICEA

Pregunta: ¿Cree que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto a los planes de pensiones de empleo?

Más que creer si efectivamente las medidas irán en esa dirección, me parece que cualquier medida destinada a desarrollar el Pilar II, en el ámbito empresarial debe de ser un aspecto prioritario en nuestro país, donde existen aproximadamente 3,3 millones de empresas (el 99% autónomos o Pymes de menos de 50 trabajadores) y tan sólo el 10% de los trabajadores (y básicamente en el ámbito de grandes empresas) cubiertos por un plan de pensiones o seguro de jubilación colectivo (en Holanda  el 90%, en Alemania el 60% y en Reino Unido el 45%). Se debería dar incentivar a aquellas empresas que constituyan un plan de pensión o seguro de jubilación para sus trabajadores , especialmente en Pymes y autónomos, que es donde existe la mayor bolsa de trabajadores con rentas bajas/medias, que no pueden ahorrar en un plan de pensiones privado.

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que considera que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

Dado el contexto demográfico que se avecina, caracterizado por un progresivo envejecimiento de la población española (en 2050 el número de personas mayores de 65 años se multiplicará por 2, alcanzando casi un tercio de la población) lo que ocasionará que en 2050 tan sólo haya 1,5 trabajadores, o mejor dicho, personas en edad de trabajar, por cada pensionista (en la actualidad la relación es de 4), con el agravante desde el punto de vista de la sostenibilidad de las pensiones, que cada vez trabajamos menos años, y cobramos más años la pensión, sencillamente porque vivimos más, considero que la sostenibilidad del sistema de pensiones dependerá de que se abordan tanto medidas de fomento del empleo como medidas de impulso y desarrollo de sistemas de complementarios de previsión social.

1. Medidas de fomento del empleo
   1. Flexibilización del mercado laboral: entre otras será necesario fomentar la movilidad geográfica y funcional y la conciliación entre la vida personal y laboral (a ello ayudará mucho la inversión en nuevas tecnologías)
   2. Simplificación de los trámites administrativos para la creación de empresas
   3. Aumento  del número de años trabajados, destacando las siguientes:
      1.  Alargamiento progresivo de  la edad de jubilación, dado que además ahora nos incorporamos más tarde al mercado de trabajo, por lo que se trabajan menos años de lo que se hacía antes. (esta medida aumentaría los ingresos y reduciría los costes).
      2. Incentivos para que el trabajador quiera prolongar su actividad laboral más allá de la edad legal de jubilación, lo que pasaría por medidas imaginativas (flexibilidad de horario y ubicación; retribución no sólo económica sino mediante compensaciones en bienes y servicios; asignación de tareas que no requieran esfuerzo físico y de valor añadido, como labores de orientación, motivación y formación, etc)  El objetivo es que estas personas no entiendan la jubilación como una cuestión de “si” o “no” sino de “cómo”).
      3. Permitir compaginar el estar jubilado con tener determinada actividad laboral recibiendo un salario.
      4. Aumentar un mayor vínculo entre el último período formativo y el primer empleo, lo que posibilitaría el que el trabajador empezara a cotizar antes
2. Medidas tendentes a impulsar y desarrollar los sistemas complementarios de previsión social:
   1. Suministrar una mayor información a los ciudadanos  (en base a su situación laboral) de cuál sería la pensión pública que en condiciones normales recibiría, lo que les haría más conscientes de sus necesidades reales de complementar su pensión pública si quieren alcanzar un determinado nivel de vida después de la jubilación (esto existe en Alemania, Bélgica, Holanda y Francia), paso previo de motivación para que ahorren.
   2. Medidas de incentivo fiscal al ahorro a largo plazo, y en concreto a los sistemas de previsión social complementaria, ya sea en el ámbito empresarial (Pilar II), como individual (Pilar III).
   3. Flexibilización del patrimonio inmobiliario mediante la constitución de rentas vitalicias, cuestión muy importante en nuestro país, donde a diferencia de otros países de nuestro entorno, el 80% del patrimonio es inmobiliario, y donde más del 80% de las personas mayores de 65 años, cuentan con vivienda en propiedad y libre de cargas
   4. Mejora en el asesoramiento del cliente (plan más idóneo en base a  perfil de cartera y edad), y de la gestión (si bien la inmensa mayoría de los partícipes contratan un plan de pensiones por temas fiscales, debería ser importante ir introduciendo el concepto de que además son instrumentos de ahorro, y por tanto es fundamental conseguir una buena rentabilidad).

 

Sr. Diego Valero Carreras

Presidente de NOVASTER

¿Crees que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto a los planes de pensiones de empleo?

Lamentablemente, creo que no a corto plazo. El desarrollo de la previsión social empresarial requiere, desde mi punto de vista, de dos cosas:

• Una reforma profunda y consecuente con las proyecciones de nuestro sistema básico de pensiones, el que presta la Seguridad Social
• Una serie de medidas que vayan decididamente más allá de las puramente fiscales para potenciar los sistemas complementarios de pensiones en el marco empresarial.

Creo que ninguna de ambas se va a dar en el corto plazo, va a haber reforma de la Seguridad Social, sin duda, y algunas medidas que se apliquen (todas tendentes a reducir los montos de las pensiones) pueden indirectamente favorecer un incremento de la previsión social empresarial, pero vendrá más por el empeño que en ello puedan poner agentes sociales y las instituciones que participan en su desarrollo que por un verdadero impulso del legislador.

A medio plazo soy más optimista en la medida en que necesariamente se van a potenciar los sistemas complementarios, porque van a ser parte fundamental de la pensión final de los trabajadores, que con la de la Seguridad Social no van a tener enteramente cubiertas sus necesidades.

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que consideras que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

La reforma que creo que hará, en primer lugar, es la de forma indirecta aumentar la edad de jubilación (exigiendo más años de cotización para alcanzar el cien por cien de la pensión) y aumentar también el número de años que se consideran para el cómputo de la pensión (de los 15 actuales a 20 o 25). La que creo que debería hacer tiene que ver con:

• Establecer un sistema de pensiones mínimas universales que eviten situaciones de pobreza en la vejez
• Desarrollar un sistema contributivo, de reparto, pero basado en un modelo de contribución definida nocional, para que los cotizantes alcancen niveles de pensión similares a los que pueden existir en otros países
• Fomentar sistemas complementarios (al estilo del sistema NEST inglés, de afiliación por defecto) para que todos los trabajadores puedan complementar sus pensiones hasta alcanzar niveles de pensión que les permitan vivir con dignidad tras su retiro

 

Sr. Miguel Ángel Vázquez

Responsable Ejecutivo de Análisis y Estudios de UNESPA

¿Cree que las medidas de la reforma del Gobierno llegarán a afectar a la previsión social empresarial y, en concreto a los planes de pensiones de empleo?

Lo que pienso es que, en coherencia con las tendencias que son bastante claras en la mayoría de las reformas de pensiones ya abordadas en otros países desarrollados, todo movimiento hacia la sostenibilidad del sistema de pensiones debe comportar la búsqueda de esquemas amplios y profundos de colaboración público-privada, en la que los sistemas de capitalización tiendan a tener un papel más importante que el que tienen actualmente.

¿Cuál es la reforma, en materia de pensiones, que considera que debe afrontar el gobierno necesariamente en base a las últimas medidas aprobadas?

Todo gobierno que estudie la posibilidad de reformar el sistema de pensiones tiene ante sí un conjunto de medidas muy diferente, tanto paramétricas como de otra naturaleza. La combinación de esas medidas puede producirse de muchas maneras y, por lo tanto, puede decirse que hay varias metodologías diferentes para alcanzar la eficiencia, por lo que lo realmente importante es que se abra un diálogo constructivo al respecto. Pero, en todo caso, parece que cualquier reforma deberá pasar por cambiar lo que se conoce como aritmética vital, es decir el desequilibrio que se viene produciendo entre años de trabajo y años de prestación pasiva, lo cual pasa por hacer que la vida laboral media sea más larga que actualmente.

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